Los antecedentes
De 1996 a 2000, durante el segundo período del gobierno de Alberto Fujimori, el Perú implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar dentro de una política de control de población cuyo objetivo era reducir las tasas generales de fecundidad.
Sin embargo, el objetivo principal del programa se desnaturalizó. Lo que se tradujo en esterilizaciones de más de 300.000 mujeres, en su mayoría indígenas, analfabetas y de procedencia rural. En su afán de cumplir con las cuotas de esterilización, los centros de salud utilizaban medios para convencer a las mismas. Se han reportado cientos de casos de violaciones al derecho de elección, donde la captación de “voluntarias” se realizaba utilizando engaños, a través de la entrega de alimentos o de amenazas y persecuciones directas. Y donde las operaciones quirúrgicas se realizaban bajo condiciones inadecuadas e inseguras. A pesar del tiempo transcurrido, el trauma aún está latente. La vida de esas mujeres quedó devastada. Muchas sufrieron el abandono de sus parejas y sufren aún el aislamiento en sus comunidades.
María Mamerita Mestanza Chávez falleció en Cajamarca en abril de 1998 a los treinta y tres años, en el distrito de La Encañada. Tenía siete hijos. Funcionarios de salud, la habían amenazado con sanciones penales si no se sometía a una cirugía de esterilización. Su pareja estuvo de acuerdo en última instancia a la cirugía. Sin embargo, María Mamerita nunca pasó exámenes pre-operatorios. Al terminar la cirugía, empezó a sufrir complicaciones. Los médicos le negaron atención y ella fallece en su casa nueve días después. Luego que los recursos judiciales internos fallaran, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM ) y otros dos grupos de derechos humanos del Perú presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) en 1999 y más tarde se unieron al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL ). En el 2002, el gobierno peruano acordó tomar medidas para resolver el caso. Se firmó un acuerdo en 2003 donde el gobierno reconoció su responsabilidad jurídica internacional, acordando compensar al esposo y a los hijos de Mestanza. Además, accedió a modificar y aplicar las recomendaciones formuladas por el Procurador de los Derechos Humanos del Perú en relación con los procedimientos de esterilización en las instalaciones del gobierno del Perú. El caso de María Mamérita es uno de los cientos de casos registrados en aquél período y marca un antecedente para América Latina, ya que es la primera vez que un caso de control reproductivo violatorio de los derechos humanos de las mujeres es sometido a un tribunal internacional.
En Portada
José Antonio Guardiola ha cubierto distintos conflictos, en Ruanda, Bosnia, Kosovo, Irán, Afganistán. En un momento quiso ver más allá del conflicto “todas las guerras se van a contar, pero lo que no se cuenta es lo que sucede después de ella. Es un periodismo de post-conflicto, que no solo habla del combate, también, tiempo después, permite ver si las promesas que se hicieron se han cumplido por parte de los nuevos poderosos, de las organizaciones internacionales, de otros países; cubre, incluso las venganzas que se pudieron entrelazar entre vecinos luego de una guerra civil. El caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú estaba en esa línea”.
La prensa española nacional, RTV.ES, se interesó en el caso y bajo la dirección de Guardiola, viajaron al Perú (Lima, Cusco y alrededores) a cubrir un caso que había estado fuera del interés de los medios durante un largo tiempo “el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú sirve muy bien para ilustrar lo fría y distante que, en ocasiones, se muestra la clase política ante – o frente a sus gobernados. Es de sentido común que es necesario pedir disculpas cuando miles de personas, con argumentos coincidentes e irrefutables aseguran haber sido esterilizadas a la fuerza. Simplemente porque se violó su íntimo derecho a ser madre o padre (…) Son mujeres que han pasado por un sufrimiento tremendo y que no han recibido justicia. Lo más indignante es que nadie ha salido a disculparse. Que nadie haya sido condenado puede ser entendible, pero que nadie les haya solicitado perdón por los excesos que se cometieron, al margen que fueran instrumentados desde el poder o no, me parece una aberración”.
Guardiola nos confiesa que una de las cosas que más le sorprendió fue, que por encima de exigir justicia – que muchas de las víctimas no lo hacían – su deseo era volver a su estado anterior. Como si no les quedara claro que una esterilización es irreversible “son mujeres que no aspiran venganza, sino que las regresen a su estado original”.
Cuando preguntamos a Guardiola sobre su percepción sobre la responsabilidad del presidente peruano en aquella época con el caso de las esterilizaciones, responde “una confirmación oficial y con pruebas de que esto fue una operación orquestada y ordenada desde lo más alto de la jefatura del Estado, no la tengo. Muchas personas con quienes he hablado dicen que no hay duda de ello. Pero una cosa es eso y otra que haya pruebas, y no las hay. Una de las cosas que quería cerciorarme es en qué medida este plan de esterilizaciones forzosas pudo estar condicionado por el momento que el Perú vivía, inmerso en un conflicto armado, y con el objetivo de restarle apoyo popular a la guerrilla de Sendero Luminoso en las zonas rurales. Es decir, si todos los lugares en los que se cometieron el mayor número de esterilizaciones forzadas correspondían a las zonas en las que SL tenía una fuerte presencia. Si bien, en varios casos puede haber esta causa-efecto, en términos generales no es predominante. Existen muchas zonas en las que se han practicado esterilizaciones sin presencia de la guerrilla, con lo cual se desvirtúa ese argumento de que el objetivo de este plan era quitar apoyo popular a la fuerza subversiva”.
En Portada a puesto en línea su documental sobre las esterilizaciones forzadas. Puede verlo aquí