Hace algunos días la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Perú, aprobó el proyecto de ley que modifica el Código Penal. Todos somos conscientes que nuestro Código Penal no es infalible a errores y de hecho sí, necesita varios ajustes, pero ajustes que garanticen una mejora, no ajustes que perpetúen a las víctimas como víctimas.
La lucha por la equidad de género debería ser una lucha integral, de manera que varios actores sociales se comprometan por un mismo objetivo. Con mucho esfuerzo estamos logrando poner los temas en agenda, pero parece que aún la misoginia disfrazada de conservadurismo, de nuestro representantes pone en riesgo el desarrollo de nuestro país. Muchos piensan que escribiendo, haciendo marchas, haciendo vigilias, no se logra nada; pero peor es no hacer nada y permitir que sigan pasando por encima de nuestros derechos.
En general se percibe incongruencias en las penas propuestas para los diferente delitos, pero sobre todo se infiere una legitimación de la violencia hacia la mujer. Acá un breve análisis de ello:
La necesidad de un tercero para denunciar acoso callejero
Según las estadísticas 9 de cada 10 mujeres en el Perú ha sido acosada por lo menos una vez en su vida. La mayoría ha sido acosada por primera vez siendo aún menores de edad. El panorama es deprimente, es triste y desalentador para nosotras. Diariamente somos víctimas de improperios, miradas lascivas, y tocamientos indebidos por el solo hecho de caminar por las calles. Se logró poner el tema en agenda y el año pasado se aprobó la ley, lo que hizo que el caso peruano sirviera de ejemplo en toda Latinoamérica. Sin embargo, como se acostumbra en nuestro país, por un paso avanzado se retroceden dos. La propuesta actual indica que para denunciar un acoso se debe llevar a un tercero.¿Acaso no es suficiente con el testimonio de la víctima?, ¿acaso una mujer necesita de un apoderado para validar su denuncia?
La tendencia es siempre asumir que la mujer es mentirosa, histérica, exagerada e interesada. A pesar de que la realidad sea otra,parece que siempre intentarán minimizarla.
El robo agravado vs la violación sexual
El nuevo Código Penal sancionaría con una pena más alta el robo agravado que la violación sexual. Lo que nos dicen con esta modificación es que los bienes son más importantes que la dignidad de la persona. Nuestro país ya tiene un alto índice de violaciones sexuales, aún así no tenemos idea cómo manejar esto, no tenemos una política clara de cómo atender a las víctimas, no somos capaces de proteger a nuestros menores.A todas estas negligencias sumamos ahora, la desproporción de penas. Cuando deberíamos ser drásticos, somos complacientes; permitiendo así que la violación sexual se asuma como un delito de baja categoría. Una vez más desprotegemos a la víctima.
Obsesionados por el aborto
No es sorpresa para nadie que el sector conservador del país (mayoría, lamentablemente) dedica mucho tiempo a restarle derechos a la mujer. Sabíamos que despenalizar el aborto por violación era casi una utopía en este gobierno y hasta en el próximo; pero este proyecto de ley para modificar el Código Penal introduce además un punto nuevo: el aborto imprudente.¿Por qué las mujeres deberían ser criminalizadas por un aborto espontáneo? Aparentemente en nuestro país las mujeres somos responsables de absolutamente todo: de ser acosadas, de ser violadas, de ser golpeadas.
Además el nuevo Código Penal castiga con trabajo comunitario a las mujeres violadas que decidieron abortar. Lo cual no solo me parece una muestra más de indiferencia contra el dolor de la mujer, sino también una crueldad deliberada. Me cuesta mucho no pensar que este proyecto no fue elaborado en base un pensamiento misógino.
Existe una obsesión absurda por “proteger al concebido” por sobre la integridad, la salud psicológica y el proyecto de vida de una mujer. Sin embargo, creo firmemente como mujer que se debería respetar nuestro derecho a decidir. Es tarea del Estado proteger a las mujeres vulneradas, no hundirlas más en su miseria.
No hay nada peor para una víctima que ver cómo la justicia está en manos de quienes pretenden perpetuar su condición de víctima. Sin duda, Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es de lo peorcito que nos dejó el congreso de esta gestión. Felizmente no lo veremos en 5 años, aunque no me sorprendería verlo de Ministro de la Mujer de ser elegida Keiko como presidenta. Solo nos queda mantenernos en pie de lucha.