Caso KL
Empezamos el 2016 recordando que en diciembre de 2015 por fin el Estado peruano reconocía la reparación que le debía a Noelia Llontoy, la mujer que a las 17 años (2001) fue obligada a dar a luz y amamantar a un feto anancefálico (sin cerebro) que sobrevivió cuatro días. Ella había solicitado un aborto terapéutico y el director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza se opuso. Tres organizaciones feministas llevaron el caso, conocido como KL, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando al Estado peruano. La petición fue presentada el 13 de noviembre de 2002, diez meses después de que ella diera a luz. El 24 de octubre de 2005, el Comité de Derechos Humanos emitió su Dictamen en el caso KL vs. Perú, señalando que la prohibición al aborto terapéutico constituye una violación al derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, al derecho a la privacidad, al derecho a un trato especial como menor de edad, y al derecho a un recurso efectivo. Pasaron tres gobiernos para que finalmente el 10 de diciembre de 2015 el Estado peruano reconociera y reparara la violencia que ejerció contra Noelia.
Caso Esterilizaciones Forzadas
El 28 de enero se inició en Cajamarca el proceso de Registro de Vctimas de Esterilización Forzada (REVIESFO), como parte de los compromisos adquiridos por el Estado peruano en octubre del 2015, en el marco de las reuniones de trabajo para el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa por el caso de Mamérita Mestanza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado peruano reconoció así su responsabilidad en la política que dio lugar a las esterilizaciones forzadas. Mamérita Mestanza fue sometida a una operación de ligadura de trompas por medio de hostigamiento y acoso por parte del personal médico de la localidad de La Encañada. Ocho días después de ser operada, el 4 de abril de 1998, fallece producto de una infección generalizada. En menos de un mes el REVIESFO ya tenía más de 300 inscritas. El 9 de febrero, tras nueve meses de investigación, se vencía el plazo para que la Fiscalía formulara la denuncia contra los responsables de las esterilizaciones forzadas. La fiscal Marcelita Gutiérrez pidió 150 días más de ampliación de la investigación, corriendo el caso cinco meses más. El 4 de marzo el Diario La República informó por primera vez de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la Selva peruana, hasta el momento solo se conocían las ocurridas en Costa y Sierra. Se recogieron varios testimonios de mujeres esterilizadas violentamente en la región San Martín como parte del programa del gobierno de Alberto Fujimori, aplicado con los mismos métodos que en Piura y Cusco.
Enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica 2017
El 3 de junio, mediante Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, el Ministerio de Educación aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2017 en todas las instituciones y programas educativos públicos y privados del país. Este currículo incluye los enfoques de género, interculturalidad, derechos, atención a la diversidad, ambiental y orientado al bien común.
Caso Manta y Vilca
A fines de julio, luego de 30 años de espera y largas investigaciones judiciales por la complejidad del caso, la Sala Penal Nacional anunció el inicio del juicio oral contra los acusados de haber violado a 14 mujeres de Huancavelica durante el conflicto armado interno. Se trata de un proceso contra 11 militares que sirvieron en las bases instaladas en las de comunidades de Manta y Vilca, en la provincia de Huancavelica, desde el año 1984. El 3 de agosto, dos de los 11 militares implicados solicitaron la prescripción del delito de violación sexual. En la tercera audiencia desde que se inició el proceso hace un mes, la procuradora del Ministerio de Defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado en sede judicial con el argumento de que no se les notificó que el Estado fue incluido como tercero civil responsable y, por tanto, no se respetó el debido proceso. El 22 de agosto el Colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró infundado el pedido del Ministerio de Defensa para declarar nula su intervención como tercero civil responsable en el juicio por violencia sexual considerado crimen de lesa humanidad en las comunidades de Manta y Vilca (Huancavelica), durante el conflicto armado interno. El 25 de agosto el Colegiado B de la Sala Penal Nacional desestimó la solicitud de prescripción de dos de los acusados, integrantes de las Fuerzas Armadas. El juicio continúa este año.
Archivo de Esterilizaciones Forzadas
El 27 de julio se conoce a través de los medios de comunicación la resolución en la que la fiscal Marcelita Gutiérrez concluyó que no se pudo establecer la autoría mediata de los investigados y que tampoco pudo comprobar que las esterilizaciones realizadas en el gobierno de Fujimori constituyeron delito de lesa humanidad, pese a que reconoce que fue una política de Estado. El caso de las esterilizaciones forzadas es archivado.
Plan Nacional contra la Violencia de Género
El 27 de julio, a través de un Decreto Supremo, el presidente Ollanta Humala aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. El plan tiene como primer objetivo “Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH, mujeres en prostitución y mujeres privadas de libertad), en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas”. En el plan se describen 15 modalidades de violencia, entre ellas, violencia en redes sociales y acoso político, no reduciendo la violencia a la violencia familiar o de pareja como el anterior.
Asimismo, por primera vez se incluye a mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Ni una menos
El 13 de agosto se realizó la marcha más multitudinaria organizada por mujeres contra la violencia de género. Luego de conocerse el caso de Arlette Contreras, quien sufrió una tentativa de feminicidio por parte de su expareja en un hotel de Ayacucho, escenas que fueron grabadas y de las que todo el Perú fue testigo. La indignación que causaron esas imágenes originó que miles de mujeres en todo el Perú marcharan por las calles exigiendo que cese la violencia machista. La cantidad de apoyo recibido en el mes que duró la organización de la marcha no tiene precedentes y quedará en la historia como la mayor movilización que ha existido en el Perú hasta la actualidad. La movilización también originó medidas del gobierno como atención de 24 horas en cinco Centros de Emergencia Mujer e inclusión de agresores y feminicidas en las listas de los más buscados del Ministerio del Interior.
Anticoncepción Oral de Emergencia
El 22 de agosto, el Primer Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar a favor de la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en los centros de salud públicos del país. Asimismo, estableció que el Ministerio de Salud (MINSA) tenía un plazo de treinta días para redistribuir este fármaco en todos los centros de salud a nivel nacional. Recordemos que esta política de salud fue restringida por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2009, luego del recurso de amparo interpuesto por la ONG antiderechos Alas sin Componenda, la cual determinó que existía una "duda razonable" sobre la naturaleza abortiva del levonorgestrel (principio activo de la píldora), lo que impidió que la AOE se repartiera en los centros de salud por más de siete años, perjudicando sobre todo a las mujeres más pobres.
Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto
El 12 de octubre, la bancada del Frente Amplio presentó el proyecto de Ley N° 387-2016, que propone despenalizar el aborto en casos de violación, inseminación no consentida o malformación congénita. La iniciativa legislativa, promovida por organizaciones feministas, cuenta con el respaldo de los congresistas Alberto de Belaunde y Guido Lombardi, de Peruanos por el Kambio; de Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano; y de Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso. Se espera que se debata en la primera legislatura del 2017.
Proyecto de Ley de Identidad de Género
El 4 de noviembre se presentó en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Identidad de Género tan largamente esperado por la comunidad trans del Perú. Este proyecto permitirá que las personas trans puedan tener por fin un documento de identidad que reconozca su identidad de género sin que tenga que vivir discriminación, lo que redundará en un mejor acceso a servicios de salud, educación, justicia, vivienda, entre otros. Asimismo, se plantea educar sobre la problemática de las personas trans y garantizar y proteger sus vidas desde edades tempranas. El proyecto, elaborado por la Red Trans y validado en todo el Perú con diversas audiencias, asambleas y reuniones de diálogo está siendo llevado por las congresistas del Frente Amplio, Indira Huilca y Marisa Glave.
Tribunal Constitucional reconoce derecho de transexuales a pedir cambio de nombre y sexo en DNI
El 8 de noviembre el Tribunal Constitucional cambió su jurisprudencia sobre los derechos de identidad y personalidad jurídica de las personas transexuales para permitir que los jueces civiles puedan tramitar y resolver el cambio de nombre y de sexo en los documentos de identidad. Además, estableció que las demandas de cambio de nombre y sexo en el DNI se podrán tramitar en proceso sumarísimos ante los juzgados civiles que ven asuntos contenciosos, según lo previsto en el artículo 546.6 del Código Procesal Civil. El TC tomó esta decisión al emitir sentencia en el expediente N° 06040-2015.PA/TC en el que Rodolfo Romero Saldarriaga pedía cambiar su nombre a Ana y que en el DNI se anote que su sexo es femenino y no masculino, como aparece ahora.
Mesa de Trabajo GTBI
El 11 de noviembre se instaló la Mesa de Trabajo para personas gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (GTBI) en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para poder ser parte de la toma de decisiones en pro de la defensa de sus derechos. En esta mesa se coordinarán políticas públicas inclusivas en favor de la comunidad GTBI, la cual a la fecha sufre discriminación y ha sido ignorada por muchos años por el Estado. Dos años antes ya se había conformado la Mesa de Trabajo para Lesbianas.
Proyecto de Ley de Unión Civil
El 29 de noviembre, los congresistas de Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde y Carlos Bruce, presentaron el proyecto de ley de Unión Civil que no incluye cambio de estado civil, refuerza la mirada patrimonial y se gestiona en la SUNARP.
Recurso de Queja por Esterilizaciones Forzadas
El 13 de diciembre “se presentó el Recurso de Queja contra la resolución complementaria de la fiscal Marcelita Gutiérrez que determinó archivar los 77 casos que fueron desacumulados del total de 2089 casos de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Milton Campos, abogado de Demus, formalizó la entrega del escrito junto a Victoria Vigo y los familiares de la fallecida Celia Ramos, dos de las víctimas denunciantes de la política de Estado que se ejecutó en el gobierno de Alberto Fujimori (1996-2000). El recurso de queja por los casos de Vigo y Ramos que se encuentran dentro de esos 77 archivados fue presentado ante la Segunda Fiscalía Supraprovincial que despacha la misma Marcelita Gutiérrez. El expediente, ahora, debe ser elevado al fiscal superior Luis Landa”.
Protocolo de atención integral de salud para mujeres trans femeninas
El 23 de diciembre, el Ministerio de Salud aprobó la Resolución Ministerial 980-2016-MINSA, norma técnica específica para mujeres trans femeninas en las que se considera su vulnerabilidad y se procura su atención integral incluyendo la disminución de las infecciones de transmisión sexual y su tratamiento hormonal. Esta norma técnica no solo contribuye a la salud de las personas trans, con enfoque de género, interculturalidad y respeto de los derechos humanos, sino que constituye la primera norma a nivel nacional dictada específicamente para atender las necesidades de esta población.
Plan Nacional de Derechos Humanos
El 31 de diciembre, Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia anunció que la población LGTBI sería parte del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021, luego de que el plan anterior, en el gobierno de Humala, borrara la existencia de las personas LGTBI. “No había una línea de base, no se incorporaba a la comunidad LGTBI, que es vulnerable y que hay que atender. Hay que preocuparnos por la perspectiva de los derechos humanos”, declaró la ministra.
Madres migrantes
El 3 de enero se publicó el Decreto Supremo Nº 001-2017-in, que permite a los ciudadanos extranjeros que son madres o padres de hijos de nacionalidad peruana (menores de edad o mayores de edad con discapacidad permanente) obtener el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para regularizar su situación migratoria en el país durante un año. La norma busca que las personas que se encuentran en situación irregular sigan brindando apoyo material y emocional a sus hijos peruanos. Justamente eran las madres migrantes las que se encontraban en una mayor situación de vulnerabilidad ya que muchas de ellas dependían de la firma de sus agresores para seguir en suelo peruano.
*Con información de Demus, La República, El Comercio, Perú21 y Sin Etiquetas.