En lo que respecta la libre decisión de los cuerpos de las mujeres mucho se ha escrito. Esta claro que urge una legislación que permita un acceso a las mujeres que deseen abortar de manera segura, pero esto no puede ir de la mano sin una educación sexual tanto jóvenes como para adultos. En países del sur, aún son muchos los mitos y estereotipos que rodean la sexualidad de las mujeres, que las culpabilizan desde el hecho de menstruar hasta por ser sexualmente activas.
En general, las adolescentes o mujeres solteras tienen más dificultades para acceder a la anticoncepción debido a la insuficiencia de los servicios de salud o a marcos legales restrictivos. Pero más allá de los aspectos regulatorios, culturalmente el uso de anticonceptivos no es aceptado y es percibido como un incentivo para tener relaciones sexuales, lo que está reprimido fuera del matrimonio. Incluso el personal de salud, influenciado por normas sociales, condicionan negativamente a las adolescentes al libre uso de métodos anticonceptivos , ampliamente percibidos como asuntos de pareja casada.
En los esfuerzos en crear un marco legislativo que proteja la libre determinación e información sobre uso de métodos anticonceptivos, olvidamos muchas veces los comportamientos sociales que anteponen los deseos de las mujeres y que limitan la libertad de decisiones sobre sus cuerpos. Es innegable que aún perduran en el inconsciente, normas que enmarcan a las mujeres en un rol subordinado limitando la toma de decisiones referente a nuestra sexualidad, frente a privilegios masculinos. El uso de anticonceptivos en adolescentes continúa rodeado de construcciones de género que crean barreras para su uso adecuado, así, una buena chica no lleva consigo un preservativo porque una buena chica no tiene relaciones sexuales.
Existe una presión social tácita que fomenta la irresponsabilidad masculina frente a un embarazo; la reproducción es considerada responsabilidad de la mujer - es normal que un hombre olvide un preservativo, pero si la mujer olvida de ‘cuidarse’, “es su culpa si se embarazó”. Las consecuencias de un embarazo no deseado recaen sobre las mujeres por ser en sus cuerpos donde se desarrolla la gestación.
Si bien el acceso a métodos anticonceptivos se incrementa en países desarrollados a pesar de las desigualdades reales, el acceso a un aborto seguro sigue haciendo frente a la fuerte oposición de grupos conservadores. La incapacidad de las mujeres a recurrir a un aborto seguro y legal es aún más alarmante en algunos entornos en los que las mujeres están particularmente en riesgo de violencia sexual.
Las razones por las que se recurre a un aborto y las condiciones en que se realiza constituyen una de las graves consecuencias de las desigualdades de género y clase social, las cuales en este caso actúan de manera entrelazada.
La prevención de embarazos no deseados, el acceso al aborto medicalizado y la atención post-aborto requiere un entorno favorable para la promoción, el respeto y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Pero como indicamos líneas arriba, la sexualidad y el cuerpo de las mujeres son centro de tabú en muchas sociedades con representaciones fuertemente negativas.
Si las mujeres son más o menos conscientes de los riesgos asociados con los abortos inseguros, la falta de educación, los bajos ingresos económicos, el apoyo de la familia o los establecimientos de salud, las obliga a recurrir a métodos peligrosos para su salud. Brindar a las niñas y las mujeres la oportunidad de estar informadas y asesoradas sobre su sexualidad, con métodos anticonceptivos y el libre derecho de usarlos, es un enfoque que permitiría reducir el número de daños causados por embarazos no deseados.
El papel de líderes religiosos juega un rol esencial en este tema. La despenalización del aborto es rechazado, y el vocabulario utilizado con frecuencia cuando se refiere al tema es: prohibición, pecado y castigo divino, para estigmatizar a los que defienden la idea de opción de interrupción del embarazo. El aborto sigue siendo condenado y sus practicantes son percibidos negativamente, portadores de una desgracia moral. Las niñas y las mujeres que se niegan a llevar un embarazo a término son vistas como desviadoras de las normas morales, donde la maternidad está estrechamente relacionada con el estado civil de la mujer: soltera/casada. Sin embargo, un espejo similar es reproducido en adolescentes que quedan embarazadas; son el reflejo de lo prohibido, el pecado y el castigo divino. También son vistas como desviadoras de las normas morales por las que son coaccionadas a abortos ilegales para “limpiar sus nombre” o “esconder el pecado”. En ambos casos la pregunta es ¿Qué tan libre estamos las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos cuando el discurso moral asociado – muchas veces -a la religión nos lleva o a recurrir a un aborto o a ser obligadas a realizar uno? Ni con dios ni con el diablo, parecería decir. La sociedad estigmatiza y castiga a la mujer sexualmente activa.
Los derechos sexuales y reproductivos abarcan aspectos fundamentales de la vida humana: la decisión sobre su propio cuerpo, sexualidad, salud, relaciones, estado de pareja, reproducción. Los derechos de salud sexual y reproductiva son un componente importante del progreso hacia la igualdad de género. Proteger y garantizar su libre ejercicio significa un círculo virtuoso en el conjunto de la sociedad, y un paso importante hacia un desarrollo justo y sostenible.
En 1994 se llevó a cabo la Conferencia Internacional de El Cairo sobre Población y Desarrollo y dedicó por primera vez los derechos sexuales y reproductivos, palancas esenciales para la emancipación de las mujeres y la mejora en sus niveles de salud. Existen varios textos, declaraciones, iniciativas que involucran a los Estados en la promoción y el respeto de los derechos de la mujer en general y los derechos sexuales y reproductivos, en particular a nivel internacional y regional. Sin embargo, la traducción de estos compromisos en acciones concretas sigue siendo muy limitada en muchos países del sur.
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para todos requiere el compromiso de todos los actores, empezando por los Estados que deben apoyar las políticas favorables a los derechos de la mujer. Los esfuerzos deberían centrarse en la educación de la sexualidad, especialmente para los jóvenes, el acceso a una amplia gama de servicios para la prevención y gestión de los embarazos no deseados y reducir el estigma y la consideración de los determinantes socioculturales con el fin de permitir a cada uno para hacer su propia elección en temas de salud reproductiva y sexual.